Los 12 abogados chilenos más importantes en materias de Arbitrajes

El año pasado y parte de este ha sido intenso en materia de arbitrajes. Los cambios en las condiciones contractuales gatillados por los efectos de la pandemia multiplicaron el trabajo de los especialistas en litigios de esta naturaleza, lo que se sumó a la ya habitual demanda por esta práctica. De ahí que la prestigiosa publicación inglesa, Global Arbitration Review (GAR), junto a su publicación hermana, Who’s Who Legal haya sumado nuevos nombres a la lista de especialistas locales en su guía 2022.

En la banda principal se ubicaron, una vez más; Andrés Jana (Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados -BMAJ-), Gonzalo Fernández (Carey), Felipe Ossa (Claro & Cia), Cristián Conejero (Cuatrecasas) y Elina Mereminskaya (Wagemann Abogados & Ingenieros), grupo al que se sumó este año Juan Eduardo Figueroa del estudio Figueroa, Illanes, Huidobro & Salamanca Abogados.

Mientras en la categoría de Futuros Líderes-Socios, que busca destacar a los especialistas del área con más proyección y que tengan hasta 45 años, destacaron Mónica Van der Schraft (Garrigues), Rodrigo Gil (BMAJ) y Francisco Aninat (Bofill Escobar Abogados), quienes se sumaron a Francesco Cámpora (Loy Letelier y Cámpora), que fue el único destacado en esta misma área el año anterior. Cabe señalar que para este tramo hubo 26 nominados.

En tanto, en la categoría de Líderes Asociados, este año debutó Victoria Demarchi (BMAJ) y se mantuvo Cristóbal Serralde (Garrigues).

Como es habitual, Who’s Who también destaca la labor de expertos que complementan la actividad del arbitraje. En este caso el reconocimiento fue para Jorge Fantuzzi y Juan Pablo Philippi de FK Economics (consultora económica especializada en Litigios y Arbitrajes), y como Futura Líder del área, la mención fue para María Victoria Edwards, también de FK Economics.

Elina Mereminskaya, Victoria Demarchi y Mónica Van der Schraft son las tres mujeres destacadas.

Lo que viene

Y, mientras los conflictos derivados de la pandemia están en retirada, los protagonistas locales de este ranking ponen su foco ahora en la discusión constitucional y los potenciales cambios regulatorios.

“En el plano de las relaciones entre privados y el Estado, el tema constituyente está levantando un desmedido y apresurado temor de posibles arbitrajes de inversión”, asegura Rodrigo Gil, quien agrega que para dichos casos habrá que distinguir bien aquellas medidas que puedan ser calificadas realmente como expropiatorias y/o discriminatorias de una específica inversión protegida bajo el derecho internacional.

En ese sentido, Felipe Ossa –quien la semana pasada fue al Congreso a explicar las posibles consecuencias internacionales que traería un nuevo retiro de los fondos desde las AFP y rentas vitalicias- recalca la preocupación de las empresas chilenas y extranjeras por la incierta situación del país y las medidas que adopte el Estado, “que pueden ser fuente de reclamos locales o, incluso, ante el CIADI”.

Elina Mereminskaya coincide con lo anterior y asegura que las medidas legislativas o regulatorias -en general, las reformas que se anticipan en el país- pueden hacer más frecuente el recurso de los inversionistas extranjeros al arbitraje previsto en los tratados internacionales (conocidos como APPI, TLC, etc). “Todas ellas reglas que Chile soberanamente acordó”, señala.

En este contexto, dice Gonzalo Fernández, los arbitrajes emergen con ventaja, por ser como un mecanismo con plazos relativamente cortos, procedimientos preestablecidos por las partes y de carácter reservado. Todas ellas características se valoran en momentos de alta exposición y mediatización de todos los temas.

Pero más de los riesgos o preocupaciones inmediatas que exponen las empresas e inversionistas, Mónica Van der Schraft indica que también es hora de avanzar en la reforma procesal civil, ya que su postergación -asegura- “ha impedido que los tribunales de justicia cuenten con procedimientos más acordes a los tiempos y necesidades actuales, lo que va a generar un incremento en los arbitrajes, como una forma más eficaz de resolver conflictos comerciales”, puntualiza.